La implementación de dispositivos tecnocráticos y la
eliminación del control de los docentes sobre su proceso de trabajo, afectó
además la autoridad pedagógica entendida como autoría de los/las
trabajadores/as de la educación. Desautorizados
por el propio Estado se encontraron con
enormes dificultades para tomar decisiones pedagógico-didácticas en un
cotidiano escolar sumamente complejo ya que la autoridad parental también está
en crisis y la propia autoridad estatal fue profundamente dañada durante la
dictadura cívico-militar y las políticas de desguace de los ’90. El juzgamiento
y condena de los genocidas es fundamental en el proceso de reponer autoridad
estatal.
Hace apenas cinco años logramos la derogación de la nefasta
Ley Federal de Educación y la sanción de la nueva Ley de Educación Nacional que
consagra a la educación como derecho social y al Estado como su garante y
responsable del financiamiento educativo. Hay muchas provincias que aún no han
cambiado sus leyes. Recién este año egresan los primeros profesores del nivel
inicial y primario con los nuevos planes de formación que dan cuenta de las
necesidades que nos plantea esta etapa.
Esta compleja combinatoria de factores a la que debe sumarse
una intensa campaña mediática destinada a instalar que aunque se haya invertido
más, “la educación está cada vez peor”, es el contexto en el cual se inscriben
algunos hechos de violencia social que se expresan hoy en nuestras escuelas,
que no son islas y reflejan los conflictos sociales.
En pocos días se hicieron denuncias sobre tres hechos
violentos, uno de ellos de suma gravedad, en los cuales madres y padres
agredieron a docentes. Estos sucesos que eran impensables cuando el contrato
familia-escuela-docentes, garantizado por el Estado, estaba plenamente vigente,
comienzan a ser más frecuentes, sin llegar a ser masivos como se pretende desde
medios sensacionalistas. Esto nos obliga tanto a educadores, como a autoridades
educativas a diseñar acciones que permitan abordar situaciones de este tipo.
Un intenso y urgente proceso de reautorización de la escuela
y los docentes no depende sólo y simplemente de la voluntad y el compromiso de
los actores del hecho educativo, depende centralmente de las políticas públicas
que garanticen las condiciones de posibilidad para la reconstitución de la
autoridad de los docentes.
Algunos factores de urgente resolución son: incrementar la
cantidad de escuelas de jornada completa; formación permanente en servicio; tiempos pagos para la
realización del conjunto de tareas pedagógicas: planificar, evaluar, relacionarse
con las familias y la comunidad; incorporación de equipos interdisciplinarios
para hacer intervenciones institucionales; articulación con las áreas de salud;
desarrollo social y derechos humanos a nivel nacional; provincial y local para
trabajar la prevención de situaciones de alta vulnerabilidad social; bajar las
tasas de repitencia y sobreedad; mejorar la asistencia de docentes y alumnos;
prevenir la salud laboral; potenciar el papel de la supervisión educativa, etc.
Es imprescindible superar la situación de victimización para
poder transformarla realidad de nuestras escuelas y reponer la necesaria
asimetría que debe haber entre adultos y niños, niñas y adolescentes; ente
docentes y estudiantes. Esta asimetría
nada tiene que ver con el disciplinamiento autoritario, sino que es
determinante como punto de referencia para poder crecer y aprender. El papel de
los adultos significativos es fundamental para reanudar el lazo familia-escuela.
Potenciar la dimensión ético-política de nuestro trabajo
construye sentido y fortalece la acción educativa, en una escuela en la que el
conocimiento recupere centralidad y sea vehículo de construcción de derechos.
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